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Ilustración: James Yang |
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La reforma de Medicare
La buena salud no fue uno de los frutos que Catalina Broyles cosechó durante sus 25 años como campesina en Arizona y California. A los 54 años ya sufría de una discapacidad causada por los pesticidas. Ahora a los 67, está batallando contra diabetes, glaucoma, colesterol alto y osteoporósis. La batalla diaria se complica por los bajos ingresos y la necesidad de atención médica para su esposo. "Tenemos que elegir entre comer o comprar medicamentos", dice la residente de El Mirage, Arizona. "A veces no tomo mis remedios porque no tenemos dinero para comprarlos". A partir de junio 2004, Catalina y su marido tendrán derecho a una tarjeta de descuento que los ayudará a cubrir los más de 360 dólares que gastan en medicamentos al mes. La tarjeta, que costará hasta 30 dólares por persona y ofrecerá un descuento promedio estimado de 15 por ciento, es el primer beneficio disponible para los beneficiarios de Medicare bajo la ley que reforma este programa y que firmó el presidente Bush en diciembre de 2003. Los Broyles también se encontrarán entre aquéllos de bajos ingresos que tendrán derecho a subsidios a partir del primero de enero de 2006. "Espero que ésto sea verdad y que suceda muy pronto. Nos ayudaría muchísimo", dice Catalina, nacida en México. La pareja depende del Seguro Social, recibiendo aproximadamente 18 mil dólares al año—a pensión de Catalina es de 460 dólares al mes. Debido a que los ingresos están por debajo del límite de 19,500 dólares para una pareja estipulado por este nuevo beneficio voluntario de medicamentos recetados, cada uno pagaría una prima mensual sobre la base de una escala progresiva, además de un deducible de 50 dólares al año y el 15 por ciento del costo de sus medicamentos. Al inscribirse en el programa, el costo de los remedios para ambos pasaría a ser menos de 150 dólares al mes. Si Catalina viviera sola, tendría derecho a beneficios aún más amplios. La tarjeta de descuento sería gratis e incluiría un crédito de 600 dólares, tanto en 2004 como en 2005. En 2006, su inscripción en el programa implicaría no pagar prima ni deducible, sino sólo un dólar por medicamentos genéricos y tres dólares por medicamentos de marca. Esta ley de 400 mil millones de dólares en 10 años, que generó furibundos debates en el Congreso y contó con el apoyo de AARP, sigue incitando tanto a defensores como a críticos, incluyendo a los hispanos. "Pienso que la comunidad hispana recibirá más ayuda que cualquier otro segmento de la población", afirma el representante Lincoln Díaz-Balart Republicano de Florida, cuyo 21° distrito comprende parte del área metropolitana de Miami y cuenta con más de 50 por ciento de habitantes hispanos. "[Esta ley] ayudará de una manera extraordinaria y excepcional. La mayor parte de los adultos mayores de mi distrito se beneficiará". Sin embargo, su colega Ciro D. Rodríguez, representante Demócrata de Texas, no está de acuerdo. "Esta ley de Medicare no es un primer paso, es un paso en falso. No consigue disminuir el costo de los medicamentos recetados y prohibe al gobierno la negociación de precios más bajos para los mismos", sostiene el presidente del Congressional Hispanic Caucus. "En la actualidad, uno de cada seis hispanos que recibe beneficios de Medicare vive por debajo del límite federal de pobreza. Esta ley no hace nada por aliviar los problemas de salud de los latinos, sino que aumenta las dificultades que tienen que enfrentar". Y existen otras preocupaciones. "El problema es cómo se define 'bajos ingresos'", dice Eugenio Arene, director ejecutivo del Consejo de agencias latinas (Council of Latino Agencies) de Washington, D.C. "Los parámetros para determinar quiénes tienen bajos ingresos son muy bajos. Se está dejando de lado a aquéllos que están justo en los límites, que ganan de 19,500 a 25 mil dólares al año y que ya tienen dificultades". Baruj Salinas, de 68 años y residente de Miami, tampoco se siente favorablemente impresionado por los cambios. "Para mí, es como si no se hubiera aprobado ninguna ley. Uno tiene que estar muy enfermo y haber gastado la cantidad de dinero necesaria para aliviarse antes de recibir algún beneficio". El profesor de arte y artista de origen cubano gasta cerca de 250 dólares al año en medicamentos para la tiroides y pagaría más si opta por inscribirse en el programa. "Mi preocupación son aquéllos que no tienen seguro médico", dice. "Pienso que el Congreso debe ocuparse de eso". Sin embargo, los puertorriqueños se consideran ganadores, según Manuel Mirabal, presidente de la Coalición nacional puertorriqueña (National Puerto Rican Coalition Inc.), que representa a más de siete millones de puertorriqueños, tanto en el continente como en la isla. "En Puerto Rico, esta nueva ley es un paso importante; ofrece paridad en el financiamiento federal para los servicios de atención de salud y las tasas de reembolso a hospitales que atienden a los beneficiarios de Medicare", afirma. "Estos asuntos críticos que afectan a nuestros adultos mayores no fueron atendidos durante mucho tiempo". En los próximos 10 años, Puerto Rico podría recibir hasta 4,400 millones de dólares en fondos federales, de los cuales 3,100 millones se destinarían para los 250 mil beneficiarios de Medicare de la isla que tienen bajos ingresos y que tendrían derecho, bajo la nueva ley, a subsidios para medicamentos recetados. Los 500 mil beneficiarios de Medicare de la isla dispondrían de mayor acceso a servicios de atención médica en hospitales, dice Mirabal. John Rother, director de políticas públicas de AARP, reconoce los defectos de la nueva ley, pero recuerda a los críticos que, "ésta reconoce por primera vez dentro del marco de una ley un beneficio de medicamentos recetados, lo cual permitirá que en el futuro la mejoremos y la desarrollemos. Son 400 mil millones de dólares para ayudar a adultos mayores en los próximos 10 años". Para evitar que los cambios en Medicare induzcan a los empleadores a eliminar los beneficios de medicamentos de los jubilados, AARP promovió y ayudó a lograr la aprobación de una iniciativa que ofrece incentivos financieros a los empleadores a fin de que mantengan la cobertura. La Asociación continuará manteniendo la presión para conseguir mejoras. Rother dice, "Pienso que el mensaje es que la ley está incompleta. Es un buen comienzo, pero hay temas importantes que deben ser tomados en cuenta". Entre ellos, un mayor control de costos a fin de mantener los precios al alcance de todos, incluyendo reglas más sencillas para permitir la importación legal de medicamentos de bajo costo de Canadá; el asegurarse de informar a la población para que aquéllos que cumplen con los requisitos se inscriban en el programa; y el reducir o eliminar la brecha de cobertura que implica mayores desembolsos para los beneficiarios. Una de las cláusulas más controvertidas de la ley, y que los opositores deseaban eliminar, propone un "programa de prueba" de seis años, durante el cual las compañías privadas pueden competir directamente con Medicare en seis áreas metropolitanas. En lo que se considera una victoria para AARP, su lucha por la aprobación de un "proyecto piloto", en vez de una medida permanente al nivel nacional, dio como resultado este experimento que debe ponerse en marcha en 2010 y que no puede ser ampliado sin una nueva ley. No obstante, la idea atemoriza a Gabriela Lemus. Como vicepresidente de legislación y políticas de la Liga de ciudadanos latinoamericanos unidos (League of United Latin American Citizens, LULAC), que es el grupo de promoción de apoyos más antiguo del país, ha seguido de cerca el paso del proyecto de ley y se opuso en todo momento al experimento. Con respecto a éste dice, "No me convence". Lemus piensa que el proyecto se convertirá en algo permanente. Al ser los hispanos el grupo que menos acceso tiene a seguros médicos en Estados Unidos, teme que la privatización llevará al desmantelamiento de Medicare y aún quede más gente sin seguro médico. Rother insiste que "eso no sucederá". Además, algunos analistas se han preguntado si el proyecto piloto se pondrá en marcha y qué tan exitoso será. El Consejo nacional de la raza (National Council of La Raza, NCLR), que es la organización hispana sobre derechos civiles más grande del país, no tomó una posición definitiva sobre el proyecto de ley. "No tuvimos el personal necesario ni el tiempo suficiente para analizar el asunto en detalle", dice Raúl Yzaguirre, presidente de NCLR. "Hay mucha información contradictoria y no queremos opinar sobre algo que no hemos estudiado con profundidad". En su función como miembro de la Junta de AARP Services Inc., ASI una entidad con fines de lucro que administra productos y servicios que otras compañías ofrecen a los miembros de AARP, incluyendo un seguro suplementario con cobertura para medicamentos recetados--Yzaguirre sí toma una posición. Rechaza las acusaciones en cuanto a que AARP tiene un conflicto de intereses al apoyar la ley. Yzaguirre opina que la postura adoptada por la Asociación no está influenciada 'para nada' por consideraciones económicas. "Ratifico con verdadero orgullo la integridad de la Asociación en esos términos", dice. En su análisis final, afirma, "A favor o en contra de la ley, debemos asegurarnos que la comunidad hispana aproveche al máximo todos los beneficios que se ofrezcan". Yzaguirre hace eco de la opinión de Rother sobre la importancia de montar una campaña educativa de gran alcance. Insta a AARP y al Departamento de salud y servicios humanos (HHS) a que inicien tal campaña tan pronto como sea posible, distribuyendo todo el material en español e inglés. NCLR participará en el esfuerzo, dice. Yzaguirre está preparado para tomar acción: "Sin duda, hay consenso dentro de AARP en cuanto a que la ley requiere muchas mejoras. Entonces, empecemos a trabajar de inmediato para arreglarla". Entérese sobre lo que significará para usted el nuevo beneficio de medicamentos y vea cuatro ejemplos sobre los que ganan y los que pierden con este nuevo plan. |
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