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Elecciónes 2006 Política de AARP respecto de Medicare
septiembre 2006
Durante alrededor de 40 años, Medicare ha permitido a millones de estadounidenses, que de otra manera no habrían podido afrontar un servicio de cuidado de la salud, recibir la atención que necesitan. Estadounidenses de todas las edades relacionan la disponibilidad de Medicare con seguridad financiera e independencia durante la jubilación. Existe la necesidad de asegurar que Medicare permanezca sólido, de modo que pueda seguir protegiendo a los actuales y futuros beneficiarios. Desde sus inicios, Medicare ha sido un programa de seguro social: brinda una serie de beneficios en el campo de la salud definidos en la ley a todos los estadounidenses elegibles y particulares con discapacidades, y todos sus beneficiarios tienen derecho a la misma calidad de beneficios, independientemente de la edad, nivel de ingresos o estado de salud. Los particulares se tornan elegibles para recibir los beneficios de Medicare aportando al sistema a través de las cargas sociales. Requerir una auditoría de ingresos o activos para demostrar la necesidad de recibir cobertura por parte de Medicare, o condicionar la elegibilidad o repartición de costos en función de los ingresos o activos, cambiaría la naturaleza —fundamental— del compromiso compartido de este beneficio adquirido. Estos cambios no sólo aumentarían la complejidad y los costos administrativos, sino que reducirían el apoyo popular al programa y socavarían el principio de compromiso social e interdependencia entre generaciones que es el sello distintivo de la cobertura social. Cobertura de medicamentos recetados En 2003, la Ley de Modernización de Medicare fue promulgada para proveer cobertura de medicamentos recetados a los beneficiarios de Medicare. Entre las características clave del nuevo beneficio de Medicare se pueden citar las siguientes:
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todos los beneficiarios tienen acceso a la cobertura de medicamentos, inclusive aquéllos que permanezcan en el plan original de Medicare; |
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los planes están disponibles en todas las áreas geográficas; |
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los planes deben ofrecer una cobertura que sea, por lo menos, equivalente al beneficio estándar definido en la ley; |
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muchos beneficiarios de bajos ingresos reciben asistencia adicional. | Si bien la cobertura de medicamentos recetados de Medicare es un buen paso inicial en el esfuerzo por facilitar una cobertura accesible a los estadounidenses de mayor edad, aún debe hacerse más para mantener bajos los crecientes costos de los medicamentos recetados. Medicare depende de planes de salud privados y/o administradores de beneficios farmacéuticos (PBMs, por sus siglas en inglés) para negociar precios y administrar y brindar el nuevo beneficio. Se han realizado algunos esfuerzos para mejorar la capacidad de los planes del sector privado para manejar los costos de los medicamentos facilitándoles estudios independientes sobre la efectividad comparable de medicamentos terapéuticamente similares. No obstante, algunos estudios cuestionan hasta qué punto los planes de salud y los PBMs pueden reducir gastos en medicamentos y, para los PBMs en particular, la medida en que los descuentos que ellos obtienen son trasladados al consumidor. Además, la nueva ley ha sido criticada por prohibir a Medicare el empleo de su poder de compra agregado para negociar precios de medicamentos recetados o desarrollar un vademécum de medicamentos recetados nacional. AARP no se opone al empleo de la administración de beneficios farmacéuticos u otras propuestas de cuidado administrado para materializar beneficios de medicamentos recetados a los beneficiarios de Medicare. Estas propuestas deberían resultar en ahorros en costos, ya que las entidades privadas pueden sacar ventaja del volumen de compra, en favor de los beneficiarios enrolados. Sin embargo, Medicare debería supervisar y monitorear la administración que las entidades privadas hacen del beneficio de medicamentos recetados de Medicare para asegurar el acceso de los beneficiarios a servicios farmacéuticos de alta calidad. Además, Medicare debería estar en capacidad de emplear su poder de compra para obtener descuentos sobre precios de medicamentos que los beneficiarios puedan aplicar a sus compras de bolsillo, permitiendo al Secretario de Salud y Servicios Humanos negociar con las compañías farmacéuticas para reducir los costos de los medicamentos. AARP también cree que el Congreso debería reducir, y ulteriormente eliminar, la fase de ausencia de cobertura del beneficio de medicamentos recetados de Medicare, y eliminar la auditoría de activos utilizada para determinar la elegibilidad para asistencia a beneficiarios de bajos ingresos.
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Financiamiento de Medicare Actualmente, el financiamiento para Medicare Parte A (Seguro hospitalario) proviene, principalmente, de deducciones en concepto de cargas sociales. Medicare Parte B (Seguros médicos complementarios) es financiado a través de primas abonadas por los beneficiarios, que cubren el 25 por ciento de los costos, e impuestos generales federales, que cubren el 75 por ciento restante. Medicare es, a menudo, sindicada como una de las principales causas de los continuos desafíos presupuestarios de la nación, y muchos han predicho futuras catástrofes financieras motivadas por la jubilación de los baby boomers —nacidos durante la explosión de nacimientos, entre 1946 y 1964— y la mayor longevidad. Sin embargo, los indicadores demográficos cambiantes no son el único causal de nuestro dilema fiscal; de hecho, uno de los factores clave generadores de los problemas fiscales de nuestro país es el sistema de cuidados de la salud, que entrega muy poco y cuesta demasiado. Medicare no puede ser adecuadamente fortalecido con cambios implementados a todo el sistema. Se han presentado en el Congreso propuestas para establecer un límite anual sobre el monto que el gobierno federal invierta en Medicare. Para mantener una significativa disciplina fiscal en el largo plazo, AARP cree que más que a través de recortes diseñados para cumplimentar metas presupuestarias arbitrarias, los costos del cuidado de la salud deben ser contenidos a partir de una reforma más amplia del sistema de salud. La legislación que impone límites o recortes globales a Medicare no aborda temas como el creciente gasto público en el rubro salud y, simplemente, traslada esos costos a los particulares, empleadores y gobiernos estatales y locales. AARP se opone a los límites arbitrarios a los gastos de Medicare porque tendrán consecuencias imprevistas y no deseadas, particularmente, para los estadounidenses de mayor edad con ingresos modestos, aquéllos con discapacidades y sus familias. Por ejemplo, alrededor del 70 por ciento de los beneficios del Seguro Social y Medicare son recibidos por familias con ingresos totales anuales (incluyendo transferencias) inferiores a los 30.000 de dólares.
Antes de ir a las urnas en noviembre, por favor lea las guías de políticas de AARP para poder entender mejor la posición de AARP en estos asuntos clave, y el porque asume esa postura.
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